La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, que mantuvo al país bajo su yugo durante 31 años, es un capítulo imborrable en la memoria dominicana debido a la brutal represión que imperó en ese período.
Tras el ajusticiamiento de Trujillo en 1961, la nación se sumió en un estado de inestabilidad, ingobernabilidad y vacío de poder que persistió hasta enero de 1962, cuando se estableció el primer Consejo de Estado, presidido por Joaquín Balaguer, aunque su mandato duró solo unos días, dando paso a un segundo Consejo de Estado.
Este segundo Consejo de Estado fue creado con el propósito de funcionar como un "gobierno de transición" mientras se preparaban para las elecciones generales. Estuvo integrado por figuras como Rafael Bonnelly, Nicolás Pichardo, Donald Reid Cabral, Monseñor Eliseo Pérez, Luis Amiama Tió, Antonio Imbert Barrera y José Fernández Caminero.
Durante el tiempo en que el Consejo de Estado estuvo en funciones, se implementaron varios cambios institucionales y ordenanzas, pero las más significativas, debido a su naturaleza disruptiva, estuvieron relacionadas con la dictadura.
En mayo de ese mismo año, se aprobó la controvertida Ley 5880, que establecía sanciones para aquellos que elogiaban el régimen de Trujillo. La ordenanza citaba el legítimo derecho del pueblo dominicano a "defender y preservar el estado de libertad y dignidad que disfruta tras los vestigios de ese oscuro pasado" de la dictadura.
La ley también consideraba cualquier acto o manifestación que intentara evocar o promover el régimen trujillista como un respaldo a su retorno y a sus partidarios. La ley especificaba que cualquier persona que alabara o exaltara a Trujillo o su régimen a través de discursos, escritos públicos, dibujos, impresos, grabados, pinturas u otros medios sería considerada autora de un delito contra la paz y la seguridad públicas, castigado con prisión o multa.
Igualmente, se imponían las mismas penas a aquellos que formaran parte de grupos destinados a promover el retorno del régimen trujillista o difundieran rumores sobre su restablecimiento, ya que esto iba en contra del sistema democrático establecido por la Constitución de la República.
La promulgación de la Ley 5880 tuvo como objetivo principal iniciar el proceso de "destrujillización" en el país. Esta ley representó el primer paso hacia ese proceso, acompañado de medidas como la creación de una fiscalía de investigación de los crímenes de Trujillo y la incautación de los bienes del dictador.
Sin embargo, a pesar de la existencia de esta ley, en la práctica, la "destrujillización" no se ha logrado por completo en República Dominicana. Aún persisten reminiscencias del régimen y personas que simpatizan con la figura de Trujillo en privado. La ley 5880 sigue siendo necesaria para preservar la memoria histórica y evitar la normalización de un régimen y una figura que representaron una época oscura en la historia dominicana.
A pesar de que algunos adeptos al régimen han abogado por la derogación de la ley a lo largo de los años, su existencia sigue siendo crucial para mantener viva la memoria de las atrocidades cometidas durante la dictadura de Trujillo y para salvaguardar los principios democráticos del país.
Es importante destacar que la Constitución de República Dominicana reconoce el derecho de los ciudadanos a realizar manifestaciones y protestas pacíficas, pero estas deben ser previamente autorizadas mediante un permiso otorgado por el Ministerio de Interior y Policía. Este proceso busca garantizar el orden público y el respeto de los derechos de todos los ciudadanos durante las manifestaciones en la vía pública.
Con Información de Listin Diario
