Santo Domingo.– El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) ha expresado su inquietud por el incremento en el uso de la prisión preventiva en el país, a pesar de que la Constitución y el Código Procesal Penal establecen claramente que esta medida debe ser excepcional. El aumento en la imposición de la prisión preventiva plantea cuestionamientos significativos sobre el sistema de justicia dominicano.
Según datos proporcionados por la ONDP, durante el primer semestre del año 2022, se impuso un total de 3,427 medidas de prisión preventiva, incluyendo fianzas de imposible cumplimiento. Sin embargo, para el mismo período en el año en curso, la cantidad de prisión preventiva impuesta aumentó a 3,758, lo que representa un incremento del 10% en la jurisdicción de adultos. Además, en la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, se observó un incremento del 11% en la imposición de prisión preventiva, pasando de 170 casos en 2022 a 188 en el presente año.
Estos datos son motivo de preocupación, ya que la prisión preventiva debe utilizarse de manera excepcional y únicamente cuando sea estrictamente necesaria para garantizar la seguridad pública y la comparecencia del acusado ante el tribunal. La Constitución dominicana y el Código Procesal Penal establecen claramente que la imposición de la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla.
La problemática de la prisión preventiva ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. A pesar de los esfuerzos realizados para reformar el sistema de justicia penal y penitenciaria, el problema persiste. La prisión preventiva, siendo una medida que puede afectar gravemente los derechos fundamentales de los individuos, no siempre se aplica de manera acorde a su finalidad y, en muchos casos, conlleva abusos por parte de la administración de justicia.
Las autoridades judiciales y el Ministerio Público deben trabajar en conjunto para garantizar una justicia humana, restaurativa y accesible. Esto implica la revisión de los criterios utilizados para la imposición de la prisión preventiva y la promoción de métodos alternativos de resolución de conflictos. La Procuraduría General ha instado a que no todos los casos deben ser judicializados, y es importante que los jueces y fiscales sean conscientes de esta recomendación.
Es esencial fortalecer las competencias de los ministerios públicos para que actúen como árbitros, conciliadores y mediadores en conflictos sociales, en lugar de recurrir automáticamente a la prisión preventiva como solución. Esto contribuirá a la progresividad de la armonía social y al respeto de los derechos humanos.
En conclusión, el aumento en la imposición de la prisión preventiva en la República Dominicana es motivo de preocupación y requiere una reflexión profunda por parte de los actores del sistema de justicia. La revisión de los criterios de aplicación y la promoción de una justicia restaurativa son pasos fundamentales para garantizar un sistema de justicia acorde con los principios de un Estado de Derecho y respetuoso de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La búsqueda de la paz y la armonía social solo se logrará a través de una justicia que priorice la rehabilitación y la reconciliación sobre la retribución.
