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El Gobierno de México revela vínculos entre autoridades y el crimen organizado en caso Ayotzinapa

En un esfuerzo por arrojar luz sobre uno de los casos más oscuros de la historia reciente de México, el Gobierno del país y la fiscalía especializada en el caso Ayotzinapa han presentado un informe que apunta a tres posibles "causales" en la desaparición de los 43 normalistas rurales ocurrida el 26 de septiembre de 2014, trágicamente conocida como la Noche de Iguala.

A casi una década de la desaparición de estos jóvenes estudiantes en el estado de Guerrero, y después de años de ocultamiento de la verdad bajo el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, se ha revelado un informe titulado "Ayotzinapa, narrativa de los hechos de acuerdo con la investigación realizada."

En dicho informe se presentan tres posibles causas que llevaron a la desaparición de los normalistas:

  1. Confusión con otro grupo delictivo: Según el documento, existe la posibilidad de que los estudiantes fueran confundidos con otro grupo delictivo en la caótica noche de Iguala.
  2. Revancha del alcalde de Iguala: José Luis Abarca, el entonces alcalde de Iguala, podría haber estado involucrado en una venganza personal que condujo a la desaparición de los jóvenes.
  3. Presencia de droga, armas o dinero: También se plantea la hipótesis de que algunos de los autobuses tomados por los estudiantes pudieran haber transportado drogas, armas o dinero relacionado con el narcotráfico, lo que habría desencadenado los trágicos eventos de esa noche.

El informe revela detalles escalofriantes, indicando que los estudiantes habrían sido separados en al menos tres grupos y llevados a diferentes lugares para su ejecución y desaparición en varios municipios, incluyendo Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, San Miguel Totolapan, Taxco, Teloloapan y Tepecoacuilco.

Además, el documento señala vínculos preocupantes entre autoridades de los tres niveles de gobierno, incluyendo a efectivos del Ejército y la Policía Federal, con el grupo delictivo conocido como Guerreros Unidos, el cual se presume como el perpetrador de estos crímenes atroces. Según el informe, militares y federales no solo recibían dinero de Guerreros Unidos, sino que también proporcionaban armas y municiones, facilitaban el tráfico de drogas y brindaban protección al grupo delictivo.

De manera inquietante, se revela que el expresidente municipal, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, estaban involucrados en el financiamiento de Guerreros Unidos, junto con el presidente municipal de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana.

El informe gubernamental concluye que los jefes de las fuerzas de policía en varios municipios, incluyendo Huitzuco, Cocula, Tepecoacuilco e Iguala, también eran miembros activos de Guerreros Unidos, desempeñando un papel crucial en la protección y escolta de sus integrantes, así como en la facilitación del tráfico de drogas y el suministro de armas y municiones. La revelación de estos entrelazados lazos entre el gobierno y el crimen organizado arroja luz sobre una trágica página de la historia mexicana que ha estado marcada por la impunidad y el sufrimiento de las víctimas y sus familias durante años.

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