Santo Domingo. – Un grupo de senadores, incluyendo aliados del gobierno, expresó su respaldo a la propuesta del senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, quien busca sancionar de forma ejemplar a los funcionarios públicos implicados en el tráfico ilícito de haitianos.
La iniciativa establece que cualquier servidor público que incurra en ese delito quede inhabilitado de por vida para ocupar cargos estatales, una vez cumplida su condena. Fernández considera esta práctica como un «crimen de Lesa Patria».
Uno de los primeros en apoyar la medida fue el senador reformista Rogelio Genao, quien representa a La Vega. Genao resaltó que la propuesta fortalece lo ya establecido por la Constitución en materia de inhabilitación política. “El tráfico de personas es un crimen, y debemos actuar con firmeza”, expresó.
Por su parte, los senadores Antonio Marte y Franklin Romero también mostraron su respaldo, e incluso propusieron sancionar a quienes aceptan pagos para introducir ilegalmente a ciudadanos haitianos al país.
La iniciativa, que parte de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, propone actualmente suspensiones de entre cinco y diez años para servidores públicos reincidentes. Sin embargo, Fernández sugiere endurecer las penas para evitar que quienes traicionan la confianza ciudadana regresen al Estado.
Además, el vocero de la Fuerza del Pueblo propuso incluir penas de hasta 40 años de prisión para quienes resulten culpables de trata o tráfico de migrantes, argumentando que “quien atenta contra la soberanía nacional no puede volver a representar al pueblo”.
El debate continúa en el Senado, pero el consenso en torno a la necesidad de sanciones más duras es cada vez mayor.
Descubre más desde La República Hoy
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
- Sobre el autor
- Últimas pulicaciones
