El Ministerio Público obtuvo medidas de coerción contra siete directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) tras su arresto el 4 de octubre en la denominada "Operación Búho". Estas medidas incluyen prisión preventiva por 18 meses, arresto domiciliario, garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida del país. El fraude en cuestión asciende a alrededor de RD$2,500 millones.
Los directivos afectados por la prisión preventiva son Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Julio César Minaya y Jacer Eliazar Mejía Pereyra, quienes cumplirán su condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal. Kenia del Carmen Liriano Pérez enfrenta arresto domiciliario, una garantía de 3 millones a través de una compañía aseguradora y se le prohíbe salir del país.
Ana Cecilia Tejada Santos deberá presentar una garantía de 3 millones mediante una compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica los días 25 de cada mes. Simona Borsilea está sujeta a la presentación de una garantía de 1 millón de pesos mediante compañía aseguradora, impedimento de salida del país e igualmente presentación periódica los días 25 de cada mes.
El proceso se declaró como complejo, con una revisión obligatoria de las medidas prevista para el 22 de enero de 2024 y una audiencia de control programada para el 24 de junio del mismo año. Los directivos de Coop-Herrera enfrentan múltiples cargos, incluyendo asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados, robo de identidad de personas, abuso de confianza en perjuicio de los ahorrantes y lavado de activos.
La "Operación Búho" se puso en marcha el pasado 4 de octubre tras una extensa investigación, movilizando a un equipo de más de 20 fiscales, cerca de 100 policías y una docena de agentes de equipos especiales. Durante la operación, se incautaron propiedades lujosas, incluyendo inmuebles, embarcaciones y vehículos, como parte de la pesquisa.
Las acusaciones apuntan a que los imputados llevaron a cabo prácticas fraudulentas, incluyendo la simulación de préstamos y la emisión de certificados financieros falsos, con el objetivo de desviar el dinero de los asociados y ahorrantes. La Operación Búho es resultado de una colaboración entre la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, y la solicitud de medida de coerción fue presentada por los fiscales Eduardo Velázquez, Jonathan Pérez Furcal, Rosa Isabel Mejía y Nicasio Pulinario.
