El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tomó una decisión que ya genera debate: cerrar una oficina federal dedicada a combatir la desinformación, alegando que en realidad era usada para limitar la libertad de expresión.
La entidad clausurada, conocida como Centro de Participación Global, fue creada en 2016 bajo la presidencia de Barack Obama para frenar la propaganda de grupos extremistas. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus funciones se ampliaron para enfrentar campañas de desinformación de países como Rusia, China e Irán.
Pero para Rubio, el problema fue otro. En palabras suyas, durante el gobierno de Joe Biden esta oficina se convirtió en “una herramienta para censurar a los propios ciudadanos”. “Se gastaron millones de dólares en silenciar a quienes pensaban distinto. Eso no es democracia”, expresó el secretario en un comunicado oficial.
Un mensaje claro desde el nuevo gobierno
Rubio, quien forma parte de la nueva Administración de Donald Trump, aseguró que este cierre marca un compromiso firme con la defensa de derechos fundamentales. “Durante años, en este país, personas han sido despedidas, señaladas e incluso arrestadas por expresar sus ideas. Eso debe terminar”, sostuvo.
El cierre llega en un contexto donde la libertad de expresión se ha convertido en un tema central. Hace poco, el vicepresidente JD Vance criticó a gobiernos europeos por lo que llamó una “represión a las opiniones conservadoras”. Y en Estados Unidos, el debate sigue creciendo tras la cancelación de visados a estudiantes extranjeros que se manifestaron en apoyo a Palestina, una medida que el Departamento de Estado justificó por presuntos vínculos con el terrorismo.
Para algunos, la decisión de Rubio representa un paso necesario para proteger la voz del ciudadano común. Para otros, podría debilitar los esfuerzos del país frente a amenazas de manipulación informativa externa. Lo cierto es que esta acción pone sobre la mesa una conversación urgente: ¿quién decide qué es desinformación y qué es simplemente una opinión?
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