La situación llegó a un punto delicado. Había preocupación entre empleados, incertidumbre en cientos de familias y, sobre todo, miedo entre mujeres embarazadas que dependían diariamente de los servicios médicos de una de las clínicas más concurridas de San Cristóbal.
En medio de ese escenario, el Defensor del Pueblo intervino.
La gestión permitió que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) reactivara el código de prestador de servicios de la clínica Atenciones Médicas Dominicanas (AMEDOSA), además de realizar un pago parcial de la deuda acumulada que mantenía al centro en una profunda crisis financiera.
La verdad es que el problema ya comenzaba a sentirse más allá de los números.
Detrás de los documentos, las auditorías y las deudas pendientes, había empleados con meses esperando salarios y pacientes preocupados por la continuidad de sus tratamientos. Especialmente mujeres embarazadas de distintas comunidades del Sur que veían con angustia la posibilidad de quedarse sin atención médica en una etapa extremadamente sensible.
Según informó el Defensor del Pueblo, el caso se originó tras una solicitud realizada el pasado 10 de abril por empleados de la clínica, quienes alertaron sobre la gravedad de la situación. Explicaron que la suspensión del código de prestador había complicado todavía más las operaciones del centro y afectaba directamente la atención de los usuarios.
Los montos adeudados ascendían a 56 millones de pesos, correspondientes —según la documentación presentada— a servicios médicos ya ofrecidos, auditados y validados por SeNaSa.
Y es que el impacto comenzaba a ser enorme.
Más de 400 empleados se encontraban afectados y alrededor de 400 embarazadas dependían de la continuidad de los servicios del centro médico, muchas de ellas en etapas avanzadas de gestación.
La clínica, con cerca de 70 años ofreciendo atención de salud en la provincia, enfrentaba una situación límite. La falta de liquidez amenazaba incluso con comprometer la permanencia del establecimiento.
Durante el proceso de investigación, dirigido por la Secretaría General del Defensor del Pueblo, AMEDOSA advirtió formalmente que la interrupción de los servicios podría vulnerar el derecho a la salud de cientos de pacientes.
Ante ese panorama, el Defensor del Pueblo notificó oficialmente a SeNaSa el pasado 27 de abril, recordando las obligaciones establecidas en la Ley 87-01 sobre la garantía de servicios de salud oportunos y de calidad dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social.
Además, la institución destacó algo que muchas veces pasa desapercibido en medio de estas crisis: el sistema de salud dominicano funciona gracias a la coordinación entre entidades públicas y privadas. Cuando una de esas piezas se debilita, el impacto termina llegando directamente a la población.
Por ahora, la reactivación del código y el pago parcial representan un alivio importante. Pero también dejan abierta una conversación más profunda sobre la fragilidad financiera de muchos centros médicos y el efecto que esas dificultades pueden tener sobre pacientes que, en realidad, no deberían cargar con las consecuencias de los retrasos administrativos o económicos.
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