La mañana de este domingo no fue una cualquiera en el Santo Cerro. El ambiente tenía algo distinto. Había indignación, sí, pero también tristeza. Y quizás, sobre todo, una sensación colectiva de que el tiempo se está agotando para defender una de las zonas más simbólicas y ecológicamente sensibles de la provincia La Vega.
Decenas de comunitarios, líderes religiosos, ambientalistas, empresarios y residentes salieron a marchar pacíficamente para denunciar lo que califican como una destrucción acelerada de la loma del Santo Cerro, presuntamente vinculada al desarrollo de un proyecto turístico e inmobiliario en el área.
La caminata partió desde los alrededores del histórico Santuario del Santo Cerro y se extendió hasta las inmediaciones del club de Río Seco. Pero más allá del recorrido, lo que realmente marcó la jornada fue el tono de las consignas y el sentimiento que se respiraba entre los asistentes.
“No queremos villa, queremos vida”.
“No queremos villa, queremos la loma”.
“El Cerro unido jamás será vencido”.
Las frases se repetían una y otra vez mientras familias completas avanzaban bajo el sol, algunas cargando pancartas improvisadas y otras simplemente caminando en silencio, observando la montaña que aseguran está siendo devastada.
Y es que, según denunciaron los comunitarios, la tala de árboles en la zona se ha intensificado en las últimas semanas. Lo más preocupante, aseguran, es que hasta ahora nadie ha mostrado públicamente permisos ambientales ni estudios de impacto que expliquen el alcance real de las intervenciones. Esa falta de respuestas ha disparado la desconfianza.
De manera informal, entre los residentes circula la versión de que el proyecto pertenecería a empresarios conocidos como los hermanos Cabrera. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esa información.
Uno de los momentos más impactantes de la jornada llegó cuando el ambientalista Yanio Concepción calificó la situación como un “ecocidio”. La palabra retumbó entre los presentes. Fuerte. Incómoda. Pero para muchos allí, absolutamente necesaria.
Concepción cuestionó que se estén realizando trabajos en una zona ecológica tan delicada sin que la población tenga conocimiento de autorizaciones oficiales emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente. Además, advirtió que las consecuencias ya comienzan a sentirse en comunidades cercanas.
Y la verdad es que varios residentes aseguran que el cambio ya es visible.
Habitantes de sectores como Carrera de Palma y Río Seco denunciaron que, desde que comenzaron las intervenciones en la loma, las inundaciones y deslizamientos de tierra se han vuelto más frecuentes durante los aguaceros. Según relatan, el agua baja cargada de lodo, piedras y escombros, entrando a viviendas y obligando a muchas familias a pasar las noches sacando agua de sus hogares. Una escena que para algunos ya se está convirtiendo en rutina.
La Iglesia católica también tuvo una participación activa en la movilización.
El padre Rafael Mendoza, encargado de la parroquia del Santo Cerro, insistió en que la protesta no tenía tintes políticos. Dijo que el objetivo era defender el medio ambiente y exigir justicia.
“Estamos aquí exigiendo que se dé una respuesta inmediata y que los responsables de la deforestación de la loma del Santo Cerro sean sometidos a la acción de la justicia”, expresó durante la actividad.
Mientras tanto, el padre Jhonny Durán, encargado de Medio Ambiente de la Diócesis de La Vega, advirtió que las comunidades más humildes terminan siendo las más golpeadas cuando ocurren daños ambientales de esta magnitud. Según afirmó, resulta preocupante que se impulse un proyecto turístico sin transparencia y sin tomar en cuenta el impacto social y ecológico que podría generar.
Otro de los que levantó la voz fue el reconocido líder religioso Rogelio Cruz, quien recordó el enorme valor histórico y cultural del Santo Cerro para el país.
“El Santo Cerro es patrimonio de todos los dominicanos. Lo que se ha hecho ahí arriba representa una destrucción brutal que no puede quedar impune”, manifestó ante los asistentes.
Al finalizar la marcha, los comunitarios hicieron un llamado urgente al Ministerio de Medio Ambiente, a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y al presidente de la República para que intervengan antes de que el daño sea irreversible.
Porque, según advierten muchos de los presentes, esto ya dejó de ser solamente una discusión sobre construcción o desarrollo turístico.
Para ellos, lo que está en juego es algo mucho más profundo: agua, montaña, memoria… y el derecho de futuras generaciones a seguir viendo verde donde hoy algunos solo parecen ver negocios.
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