FINJUS analiza con lupa el proyecto de libertad de expresión
La libertad de expresión no es un lujo. Es el oxígeno que necesita la democracia para vivir. Así lo entiende la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que ha dado un paso al frente para fijar posición sobre el proyecto de Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales enviado al Senado dominicano.
Con un comunicado que mezcla respaldo con advertencia, FINJUS lanza su mirada a un documento legal que podría marcar el rumbo del derecho a comunicar en el país. Aplaude la precisión técnica del texto y valora que se reconozca algo esencial: la libertad de expresión no es absoluta. Debe convivir con otros derechos, como el honor, la dignidad y, sobre todo, la protección de la niñez en el mundo digital.
El proyecto no solo apunta a los medios tradicionales. Reconoce el rol dominante de las plataformas digitales, esas nuevas plazas públicas donde se construye y se destruye reputación a golpe de clics. La ley propone reglas claras para estas plataformas, sin cercenar la pluralidad que las hace vibrantes.
Equilibrio, justicia y modernidad
No es una carta blanca. Tampoco un cepo. FINJUS destaca que las sanciones propuestas —como por injuria o discriminación— tienen la dosis justa de firmeza y respeto al debido proceso. Celebra también la incorporación del concepto de “desindexación”, esa herramienta que permite borrar de los buscadores los rastros de contenidos que causan daño real y comprobado.
Pero el proyecto va más allá del castigo. Propone la creación de un nuevo órgano: el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), que reemplazaría a la vieja Comisión de Espectáculos Públicos. Un movimiento institucional que busca aggiornar la regulación a los tiempos modernos.
La lectura final de FINJUS es clara: estamos frente a una propuesta seria, moderna, equilibrada. Pero como toda ley que toca el alma de la democracia, necesita vigilancia constante. Porque si la libertad de expresión se regula sin cuidado, se corre el riesgo de apagar más voces que las que se busca proteger.
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