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Iglesia condena agresiones en Arroyo Vuelta y exige justicia

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) rechaza la violencia contra comunidades de Zambrana y pide respeto a los derechos humanos.

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) expresó su rechazo ante los actos de violencia ocurridos en Arroyo Vuelta, distrito municipal de Zambrana, municipio de Cotuí. En estos hechos, la empresa minera Barrick Gold, con el apoyo de la Policía Nacional y el Ejército, enfrentó a las comunidades locales.

Denuncian uso excesivo de la fuerza

El incidente estuvo marcado por el uso desproporcionado de la fuerza, dejando como resultado la agresión a dos sacerdotes y varios miembros de las comunidades afectadas. La CED calificó estas acciones como «inaceptables» y contrarias a los principios de un estado de derecho.

“La justicia y la paz deben prevalecer sobre la estrategia del miedo”, subrayó la entidad eclesiástica, reiterando su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de las personas vulnerables.

Solidaridad y llamado al diálogo

La Iglesia Católica, en solidaridad con el obispo de La Vega, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, condenó que intereses económicos estén por encima de la vida y el bienestar de las familias de la zona. La CED instó a las autoridades nacionales a garantizar el respeto al marco legal y fomentar el diálogo para encontrar una solución justa.

“Exhortamos una investigación imparcial que identifique a los responsables y repare los daños causados”, señalaron los obispos.

Explotación responsable de recursos naturales

La CED también recordó que la explotación de recursos naturales debe realizarse de manera ética, respetando principios sociales y ambientales. “El afán de lucro no puede justificar el sufrimiento de las comunidades”, insistió la institución religiosa.

Invitación a la acción y la oración

Finalmente, la Iglesia llamó a la comunidad nacional a solidarizarse con los afectados y rechazar pacíficamente estas prácticas. Asimismo, pidió a los fieles unirse en oración por la justicia y la paz en el país.

Este caso plantea nuevamente el desafío de equilibrar la actividad minera con el respeto a los derechos humanos y la protección del medio ambiente.

 

 


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