La reciente postura del presidente Luis Abinader de abrir un diálogo en torno a la reforma fiscal refleja un atisbo de sensatez en un contexto de tensión social y económica. La disposición de revisar las medidas propuestas, especialmente aquellas que impactan severamente a los sectores productivos y a los ahorros bancarios, demuestra un liderazgo consciente de las implicaciones que conlleva una reforma de esta magnitud.
La propuesta de gravar con un 27% los intereses de los ahorros a plazos fijos encendió alarmas en diversos sectores, tanto de la clase media como entre los productores y empresarios. Es comprensible que una medida que casi triplica el impuesto a los ahorros genere rechazo, pues no solo afecta a los ahorradores, sino que desincentiva la inversión privada y la estabilidad financiera a largo plazo. La economía necesita del ahorro para poder sostener una estructura de inversión que impulse el crecimiento, y un impuesto de este tipo tiene el efecto contrario.
Si bien es innegable que el país requiere una modernización fiscal y que se necesitan mecanismos para generar ingresos adicionales —se calcula que alrededor de 122 mil millones de pesos serían recaudados con esta reforma—, el diseño original contenía errores evidentes. La apertura al diálogo, propuesta por el presidente Abinader y el ministro de Hacienda Jochi Vicente, es una señal alentadora. Su disposición a corregir «errores garrafales» demuestra que existe una conciencia sobre el potencial impacto negativo de la reforma en su estado actual.
El verdadero desafío ahora es garantizar que este diálogo sea inclusivo y transparente. El hecho de que el gobierno busque la participación de los sectores productivos y sociales en las discusiones es crucial. La inclusión de representantes del turismo, zonas francas, la agroindustria, el sector inmobiliario, el cine, y sobre todo, los consumidores, permitirá que la reforma sea evaluada con una visión integral que considere el bienestar de todos los actores involucrados.
La reforma fiscal no puede ser un instrumento punitivo, sino una herramienta de progreso y equidad. Cualquier medida que desestimule el ahorro, la inversión o la productividad tendrá un impacto en el crecimiento económico del país. Además, existe el riesgo de que el estrés fiscal resultante conduzca a una desestabilización económica y política, algo que el gobierno está buscando evitar.
La sensata actitud de las autoridades, quienes han optado por un diálogo tripartito entre gobierno, legisladores y representantes de los sectores económicos, es un paso en la dirección correcta. La rectificación y revisión de los gravámenes más tóxicos, como el impuesto a los intereses bancarios, aliviarán parte de la tensión que ha provocado el proyecto inicial y darán espacio para una reforma más justa y balanceada.
Es importante recordar que una reforma fiscal no puede tratarse solo de números, sino de las personas que se verán afectadas. Las políticas públicas deben enfocarse en proteger a los sectores más vulnerables, al mismo tiempo que estimulan la inversión y el crecimiento económico. En este sentido, la apertura al diálogo y la disposición a rectificar son señales positivas de que se pueden encontrar soluciones justas que impulsen el desarrollo del país sin comprometer la estabilidad de la población.
En conclusión, el gobierno de Luis Abinader ha demostrado que está dispuesto a escuchar y a rectificar, lo que evita una potencial crisis de gobernanza y económica. Ahora, el éxito de esta reforma depende de que las comisiones legislativas, los sectores productivos y el propio gobierno trabajen en conjunto para asegurar que cualquier medida adoptada sea justa, equilibrada y beneficiosa para todos. La sensatez debe prevalecer en cada paso de este proceso.
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