Los recursos naturales que provee la naturaleza constituyen el soporte esencial de la vida. El agua que bebemos, el aire que respiramos, la tierra que cultivamos, así como la flora y la fauna que conforman los ecosistemas, son bienes indispensables para la existencia humana y para el equilibrio del planeta. La relación entre los seres vivos y su entorno no es opcional: es una interdependencia vital que exige responsabilidad, conciencia y acción.
En las últimas décadas, esa relación se ha visto gravemente amenazada. El cambio climático, la contaminación del aire y de las aguas, la deforestación acelerada, la degradación de los suelos y la desaparición de áreas forestales y reservas naturales son señales inequívocas de un modelo de desarrollo que ha privilegiado el beneficio inmediato sobre la sostenibilidad. Las consecuencias ya no pertenecen al futuro: se manifiestan hoy en fenómenos climáticos extremos, escasez de recursos y deterioro de la calidad de vida.
Frente a este panorama, la protección del medio ambiente se impone como una tarea urgente que requiere la suma de voluntades. No basta con la conciencia individual; se necesitan políticas públicas coherentes, planes de Estado sostenidos en el tiempo y una articulación efectiva entre los distintos niveles de gobierno. La gestión adecuada de los residuos sólidos, de los desechos químicos e industriales y la regulación responsable de la extracción de materiales de ríos y zonas vulnerables demandan protocolos modernos, apoyados en la tecnología y en mecanismos eficaces de supervisión y control.
Los gobiernos municipales, por su cercanía con las comunidades, están llamados a desempeñar un papel clave. Programas locales orientados a reducir, reutilizar y reciclar, campañas para el ahorro de agua y energía, jornadas de reforestación en zonas erosionadas y acciones educativas permanentes pueden generar cambios significativos en los hábitos ciudadanos. Sin embargo, estas iniciativas deben estar respaldadas por un marco legal firme, con leyes claras y sanciones efectivas para quienes transgreden y dañan el patrimonio natural común. En el caso de la República Dominicana, se hace indispensable un plan nacional de protección ambiental que trascienda coyunturas políticas y se asuma como política de Estado.
Ese plan debe tener en la educación su eje fundamental. Fortalecer la conciencia ecológica desde las aulas, mediante programas escolares que prioricen el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y el respeto a la naturaleza, es una inversión impostergable. Educar a las nuevas generaciones es garantizar ciudadanos más responsables y comprometidos con el futuro del país.
Cuidar el medio ambiente no es solo preservar paisajes o recursos: es proteger la vida misma y asegurar condiciones dignas para las generaciones presentes y futuras. Que se asuman, sin más dilaciones, las medidas necesarias para garantizar un entorno sano, equilibrado y capaz de sostener el florecimiento de la vida. La urgencia es real y el compromiso debe ser colectivo.
Fuente: La Información.
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