Santo Domingo.- Una delegación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) acudió este lunes a la Cámara de Diputados para presentar sus observaciones técnicas al Proyecto de Ley General de Contrataciones Públicas. La frase clave contrataciones públicas fue el eje de las recomendaciones formuladas por el organismo.
La delegación fue encabezada por la presidenta del Consejo Directivo, María Elena Vásquez Taveras, quien estuvo acompañada por el director ejecutivo, Víctor Benavides Valerio; los miembros del Consejo Gianna Franjul y María E. Holguín López; y el director de Promoción y Abogacía, José Beltré.
Fueron recibidos por la comisión especial que estudia el proyecto, presidida por el diputado Gregorio Domínguez, y durante la reunión detallaron cómo sus propuestas buscan garantizar que el nuevo marco legal fortalezca la libre competencia y proteja la libertad de empresa.
Recomendaciones clave para evitar la colusión
Entre las modificaciones sugeridas destaca la revisión del artículo 116, que permitiría sancionar prácticas colusorias mediante la coordinación con Pro-Competencia, conforme a la Ley 42-08.
También se recomienda mantener la confidencialidad de la apropiación presupuestaria en el artículo 93 para evitar que los oferentes coordinen precios entre sí. Además, se proponen cambios en los artículos 96 y 103 para reducir el riesgo de colusión durante las consultas previas y reuniones técnicas.
Una propuesta relevante es la incorporación de una Declaración Jurada de Oferta Libre de Colusión en el artículo 108, para que cada oferente certifique que su propuesta fue elaborada de forma independiente.
Hacia un sistema más eficiente y competitivo
Según Vásquez Taveras, estas propuestas contribuirán a crear un sistema de contrataciones públicas más justo, moderno y alineado con las mejores prácticas internacionales.
“Saludamos esta reforma como una vía estratégica para promover entornos más abiertos y competitivos”, señaló. Destacó que las recomendaciones no solo previenen prácticas anticompetitivas, sino que también elevan la eficiencia del gasto público.
El informe presentado reafirma el papel de Pro-Competencia como garante de la competencia en los mercados, cumpliendo con su misión de asesorar técnicamente en normas que puedan impactar la economía nacional.
El Consejo Directivo expresó su confianza en que sus aportes serán valorados por los legisladores y ayudarán a consolidar un modelo de contratación pública transparente y beneficioso tanto para el Estado como para el sector empresarial y la ciudadanía.
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