NUEVA YORK.- Dominicanos residentes en El Bronx con familiares, amigos y relacionados residiendo en Atlanta, estado de Georgia, muestran preocupación por la nueva medida de Inmigración de exigir información de inquilinos a los propietarios de inmuebles donde viven.
Los quisqueyanos sostienen que en Atlanta residen más de 10 mil connacionales, siendo más del 90 % con apartamentos rentados.
Inmigración está exigiendo a los dueños de apartamento entregar contratos de arrendamiento, solicitudes de alquiler, direcciones de reenvío, tarjetas de identificación y otra información sobre sus arrendatarios, una señal de que el gobierno del presidente Donald Trump ha dirigido su atención hacia ellos para incluirlos en las deportaciones masivas.
Precisan que varios suburbios y áreas circundantes también contribuyen a la concentración de quisqueyanos. Gwinnett, destacan, es el condado con mayor cantidad de dominicanos, indican en documentos.
Algunos expertos legales y administradores de propiedades dicen que las demandas plantean serias preguntas legales porque no están firmadas por un juez y que, si los propietarios las acatan, podrían arriesgarse a violar la Ley de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación por raza, color u origen nacional.
Los críticos también dicen que es probable que los propietarios se sientan intimidados para cumplir con algo que no ha ordenado un juez, mientras que la persona cuya información se está solicitando puede no enterarse nunca de que sus registros privados están en manos de las autoridades de inmigración.
Indican que la prensa nacional ha publicado que el abogado de Atlanta, Eric Teusink, dijo que varios clientes suyos recibieron recientemente cartas solicitando documentación completa sobre sus inquilinos. Una solicitud de alquiler puede incluir historial laboral, estado civil y relaciones familiares.
Teusink expresó que sus clientes estaban confundidos por los últimos requerimientos. Después de consultar con abogados de inmigración, concluyó que el cumplimiento es opcional. A menos que estén firmadas por un juez, las cartas son básicamente sólo un funcionario haciendo una solicitud.
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