Lo que durante años fue una promesa de confidencialidad para millones de contribuyentes terminó envuelto en una controversia que hoy sacude a Washington. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) compartió indebidamente información fiscal confidencial de miles de personas con agentes de inmigración, una acción que, además, habría vulnerado estrictas protecciones legales sobre el manejo de datos tributarios.
La revelación, publicada por The Washington Post y luego confirmada por la propia agencia en una presentación judicial, encendió las alarmas. Y es que la verdad es que, para muchos inmigrantes indocumentados, pagar impuestos ha sido durante años una especie de acto de fe: cumplir con el deber cívico bajo la garantía de que esa información no sería usada para perseguirlos.
Sin embargo, al menos tres fuentes familiarizadas con el caso señalaron que el IRS divulgó por error información privada cuando respondió a una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El objetivo del DHS era ubicar a inmigrantes indocumentados, en el marco de una estrategia más amplia para impulsar deportaciones masivas prometidas por el entonces presidente Donald Trump.
En abril del año pasado, el IRS había accedido a entregar datos confidenciales sobre personas con órdenes de deportación y bajo investigación criminal federal —incluyendo el cargo de no abandonar el país—. Pero lo que parecía un acuerdo delimitado terminó abriendo una puerta mucho más amplia de lo previsto.
Según registros judiciales, el DHS solicitó las direcciones de 1.2 millones de personas. Finalmente, el IRS compartió información de cerca de 47,000 contribuyentes. Puede parecer una fracción pequeña frente al total solicitado, pero para quienes confiaron en la protección de sus datos, el número pesa.
Dottie Romo, directora de riesgos y control del IRS, reconoció en una declaración jurada que la agencia entregó información confidencial incluso cuando el DHS no proporcionó datos suficientes para identificar plenamente a los contribuyentes solicitados. Es decir, la validación no fue tan rigurosa como exige la ley.
Y es que la legislación estadounidense impone barreras muy estrictas al intercambio de información fiscal, incluso dentro del propio gobierno federal. No se trata de un simple trámite administrativo; son salvaguardas diseñadas para proteger la privacidad de millones de personas.
Las demandas no tardaron en llegar. Diversos tribunales cuestionaron la legalidad del acuerdo y ordenaron frenar la colaboración entre el IRS y el DHS. Como resultado, la agencia tributaria detuvo el intercambio de datos.
Además, el IRS informó que notificó el error al DHS el pasado 23 de enero, iniciando medidas para prevenir una mayor divulgación o difusión de la información y garantizar la eliminación adecuada de los datos ya compartidos.
El episodio deja preguntas abiertas. ¿Hasta qué punto pueden las agencias federales compartir información sensible en nombre de la seguridad? ¿Y qué ocurre con la confianza de quienes, pese a su estatus migratorio, han cumplido cada año con el pago de impuestos?
Porque, al final, más allá de los tecnicismos legales, hay miles de historias individuales detrás de cada expediente. Personas que trabajaron, declararon ingresos y enviaron cheques al gobierno convencidas de que estaban haciendo lo correcto. Y ahora, inevitablemente, se preguntan si esa confianza fue bien depositada.
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