Santo Domingo.– El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó el despliegue de la Fuerza de Represión de las Bandas (GSF, por sus siglas en inglés), con el objetivo de enfrentar la violencia extrema que azota a Haití y que ha dejado miles de víctimas en los últimos años.
La GSF no será una misión de paz de la ONU, sino una fuerza internacional autónoma con un mandato inicial de 12 meses. Estará integrada por 5,500 efectivos de seguridad y 50 civiles, y tendrá como principales tareas neutralizar a las pandillas, proteger las infraestructuras críticas y garantizar el acceso humanitario en las zonas más golpeadas por la violencia.
El despliegue, que sustituye a la fallida Misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad (MSS) liderada por Kenia, busca dar una respuesta más robusta a la crisis. La MSS nunca logró conformar los 2,500 efectivos previstos por falta de financiamiento y recursos.
La situación en Haití se ha vuelto insostenible. Según informes internacionales, las pandillas controlan hasta el 90 % de la capital, Puerto Príncipe, imponiendo un régimen de terror basado en secuestros, violaciones, asesinatos y bloqueos de carreteras. Solo en 2024, más de 5,600 personas fueron asesinadas.
La violencia ya no se limita a la capital. En 2025 se expandió a provincias como Artibonite y Centro, donde más de 239,000 personas fueron desplazadas, elevando el total de desplazados internos a más de 1,3 millones. Servicios esenciales como la atención médica y la distribución de alimentos han colapsado.
La resolución del Consejo de Seguridad, copatrocinada por Estados Unidos y Panamá, enfatiza que la seguridad es solo una parte de la solución. También se requiere reforma institucional, ayuda humanitaria y desarrollo económico sostenible para estabilizar al país.
La GSF comenzará a operar tras la expiración del mandato de la MSS, el 2 de octubre de 2025. Sin embargo, tomará tiempo organizar su despliegue, definir los países que aportarán tropas y establecer la oficina de apoyo logístico de la ONU.
El reto es enorme: sin un gobierno electo desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, Haití enfrenta no solo la violencia de las pandillas, sino una profunda crisis política, económica y humanitaria.
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