El Ministerio Público solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra once agentes policiales imputados por los delitos de asociación de malhechores y homicidio voluntario, tras la muerte de cinco hombres en un centro comercial de La Barranquita, Santiago, el pasado 10 de septiembre.
Entre los imputados figuran los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco; el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez; el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas; los cabos Yohandy Encarnación, Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad; el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz; el sargento Hairo Mateo Morillo; y los rasos Adrián Miguel Villalona Pineda y José Octavio Jiménez Peña.
Las víctimas fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (La Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (Charly Chasc), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35; y José Vladimir Valerio Estévez, de 25 años.
Declaración de caso complejo
La solicitud, presentada ante la Jurisdicción de Atención Permanente del Juzgado de Instrucción de Santiago por el procurador adjunto Wilson Camacho, la fiscal interina Quirsa Milagros Abreu y los procuradores de corte Geraldo Andrés Ponce y Miguel Antonio Ramos, pide además que el caso sea declarado complejo.
Los fiscales argumentan que los agentes, tras el hecho, desplegaron acciones para ocultar evidencias, incluyendo la sustracción de DVR de negocios, teléfonos móviles y la intimidación a testigos. Según la acusación, incluso obligaron a un comerciante a entregar el dispositivo de grabación de su local cerrado, con el objetivo de eliminar pruebas.
Calificación jurídica
El Ministerio Público calificó provisionalmente el caso como violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
De acuerdo con la solicitud, los policías llegaron al lugar en tres vehículos y abrieron fuego sin mediar palabras contra las víctimas, en presencia de testigos.
Tras el hecho, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso ordenó una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias y responsabilidades, reafirmando que el proceso se conducirá conforme a la ley.
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