Una jueza federal detuvo la decisión del gobierno de Donald Trump de poner fin al programa CHNV, que beneficia a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La magistrada Indira Talwani anunció este jueves que emitirá una suspensión para impedir que se cancele la protección temporal de cientos de miles de personas.
El programa CHNV fue diseñado para ofrecer una vía legal a quienes llegaron con patrocinadores financieros. Los beneficiarios recibieron un permiso de dos años para vivir y trabajar en Estados Unidos, mientras encontraban otra forma de regularizar su situación.
La suspensión judicial evita que pierdan su estatus el próximo 24 de abril, como había anunciado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Riesgo de deportación y controversia legal
El mes pasado, el gobierno federal revocó las protecciones, lo que colocaba a más de medio millón de personas en riesgo de deportación en 30 días. Los demandantes calificaron la medida como «sin precedentes» y afirmaron que violaba la Ley de Procedimiento Administrativo.
La jueza Talwani coincidió en que la terminación del programa podría causar daños irreparables a los migrantes, al quitarles su derecho a trabajar y permanecer legalmente en el país.
Por su parte, los abogados del gobierno argumentaron que la cancelación del programa estaba dentro de las facultades del DHS. Alegaron que los daños al público serían mayores si el programa continuaba.
A pesar del silencio de la mayoría republicana, algunos legisladores, como la representante cubano-estadounidense María Salazar, han expresado su apoyo a los migrantes. Salazar incluso copatrocinó un proyecto de ley para ofrecer residencia permanente a los beneficiarios del programa.
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