En la política contemporánea se ha instalado una tensión silenciosa pero decisiva: gobernar con base en instituciones o gobernar al ritmo de la popularidad. No se trata de una dicotomía simplista, sino de un dilema profundo que atraviesa democracias de todos los signos y latitudes.
Nunca los líderes habían estado tan cerca de la ciudadanía. Las redes sociales, la comunicación directa y la inmediatez informativa han reducido distancias que durante décadas parecían infranqueables. Sin embargo, esa cercanía, valiosa en términos democráticos, trae consigo un riesgo: que la gestión pública termine subordinada al aplauso instantáneo, a la emocionalidad del momento y a la lógica del “trending”, en detrimento de la institucionalidad y la visión de largo plazo.
La popularidad es un activo político, pero no puede convertirse en el criterio rector de las decisiones de Estado. Gobernar no es agradar permanentemente; es, muchas veces, tomar decisiones impopulares pero necesarias. Cuando el termómetro de las redes sustituye al análisis técnico, cuando la narrativa desplaza al dato, y cuando el cálculo político inmediato pesa más que el impacto estructural, la institucionalidad comienza a erosionarse de manera casi imperceptible.
Este fenómeno no debe leerse como una crítica a la comunicación moderna. Al contrario, comunicar bien es una responsabilidad del liderazgo público. El problema surge cuando la comunicación deja de ser un instrumento para explicar decisiones y se convierte en el motor que las determina. Allí se desdibuja la frontera entre cercanía y populismo, entre liderazgo y complacencia.
Las instituciones existen precisamente para resistir los vaivenes de la emoción colectiva. Son el andamiaje que garantiza continuidad, previsibilidad y equilibrio, incluso cuando el clima social es adverso. Debilitarlas, por acción u omisión, puede resultar rentable en el corto plazo, pero es profundamente costoso para la democracia en el mediano y largo plazo.
En este contexto, el verdadero liderazgo se mide menos por la capacidad de conectar emocionalmente y más por la valentía de sostener decisiones fundamentadas, aunque no generen aplausos inmediatos. Gobernar con perspectiva implica entender que el éxito no siempre coincide con la popularidad y que el legado se construye con resultados, no con métricas de interacción.
La ciudadanía, por su parte, también tiene un rol que asumir. Exigir explicaciones, transparencia y resultados es saludable; demandar soluciones simples a problemas complejos no lo es. Una democracia madura requiere ciudadanos críticos, no solo audiencias reactivas.
La pregunta, entonces, no es si los gobiernos deben escuchar a la gente, o es incuestionable, sino cómo escuchan y desde dónde deciden. Escuchar para comprender es muy distinto a escuchar para complacer.
Al iniciar una nueva semana de debates, vale la pena poner este tema sobre la mesa sin estridencias ni consignas. Porque cuando la popularidad gobierna, las instituciones se debilitan; y cuando las instituciones se debilitan, la democracia entera paga el precio.
Por Mavelin Ramírez
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La autora es: Project Manager, Especialista en Gestión Humana, Desarrollo Organizacional y Direccionamiento Estratégico en la Gestión Empresarial, Docente Universitaria, Comunicadora.
