Santiago. — La jueza Yeritza Cabral de la Cruz impuso medidas de coerción contra once agentes de la Policía Nacional acusados de participar en la muerte de cinco hombres durante un presunto intercambio de disparos ocurrido el pasado 10 de septiembre en el sector La Barranquita, en Santiago.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente declaró el caso como de tramitación compleja, atendiendo a la gravedad de los hechos y a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Cuatro de los agentes, identificados como el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación, deberán cumplir tres meses de prisión preventiva en el Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
Los otros siete imputados —entre ellos los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de los Santos Vargas, los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda— deberán pagar una garantía económica de un millón de pesos, presentarse periódicamente ante las autoridades y tienen prohibido salir del país.
El tribunal también ordenó protección para las víctimas y testigos del proceso, a solicitud del Ministerio Público.
Las víctimas del hecho fueron identificadas como Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), Julio Alberto Gómez (la Tabla), Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), Edward Bernardo Peña Rodríguez y José Vladimir Valerio Estévez.
El Ministerio Público sostiene que los policías habrían llegado a la plaza comercial en tres vehículos —un Mazda, un Honda Civic y una KIA K5—, desde los cuales dispararon sin mediar palabras contra las víctimas. Según la acusación, los agentes intentaron ocultar evidencias, destruyendo cámaras de seguridad y confiscando teléfonos celulares de testigos.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó la importancia del caso para el fortalecimiento institucional.
“Nos hemos comprometido con la investigación y el procesamiento de estos hechos. Es necesario que se haga justicia”, afirmó.
Camacho agregó que el proceso debe servir como lección para que hechos similares no se repitan en el país.
El caso está siendo investigado bajo los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
La audiencia, que se extendió por más de seis horas con dos recesos, marca un nuevo capítulo en el proceso judicial que ha generado gran conmoción en Santiago y ha reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de agentes policiales en República Dominicana.
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