El estado de Illinois presentó una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscando frenar el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago. Con esta acción, Illinois se suma a otros estados gobernados por demócratas que rechazan la militarización impulsada por la Casa Blanca en medio de una campaña nacional de redadas contra inmigrantes.
La demanda sostiene que “estos avances en la guerra declarada desde hace tiempo por el presidente Trump contra Chicago e Illinois son ilegales y peligrosos”. El gobernador JB Pritzker anunció que la audiencia judicial sobre el caso se celebrará el jueves.
Pritzker denunció que “Donald Trump está utilizando a nuestros militares como accesorios políticos y como peones en su esfuerzo ilegal por militarizar las ciudades de nuestra nación”. En su cuenta de X, calificó de “indignante y antiestadounidense” que el Gobierno federal intente imponer el envío de tropas a territorio estatal sin consentimiento.
Las imágenes de agentes federales armados realizando detenciones cerca de zonas emblemáticas de Chicago aumentaron la preocupación de los residentes. Muchos temen que las redadas afecten especialmente a comunidades latinas, donde ya se reportan operativos de inmigración más intensos desde el mes pasado.
Escalada en Oregón y Texas
Mientras tanto, en Oregón, la jueza Karin Immergut bloqueó dos veces el despliegue militar en Portland durante el fin de semana. Sin embargo, Trump advirtió que podría invocar la Ley de Insurrección de 1807 para ejecutar las operaciones si fuera necesario.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el envío de efectivos desde California y Texas hacia Illinois y Oregón, una medida que, según la jueza, viola la Décima Enmienda y la soberanía estatal.
Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó una fotografía en X mostrando tropas a bordo de un avión militar, escribiendo: “La élite de la Guardia Nacional de Texas. Siempre lista. Desplegándose ahora mismo”, sin mencionar el destino.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) también presentó una demanda contra Trump, el Departamento de Seguridad Nacional y las agencias de inmigración, acusándolos de ejecutar una campaña de violencia e intimidación contra manifestantes pacíficos.
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