Extrabajadoras que prestaron servicios en residencias del cantante español Julio Iglesias en Punta Cana, en República Dominicana, y en Lyford Cay, Bahamas, han denunciado presuntos abusos sexuales y maltratos laborales que, según sus testimonios, ocurrieron en 2021.
Las acusaciones fueron reveladas en una investigación periodística conjunta de ElDiario.es y Univisión Noticias, que recoge los relatos de dos mujeres: una empleada doméstica y una fisioterapeuta. Ambas describen un ambiente laboral dominado por el miedo, el control estricto y el abuso de poder, dentro de las propiedades del artista.
Una de las denunciantes es una joven identificada como Rebeca, nombre ficticio para resguardar su identidad. Tenía 22 años cuando fue contratada como trabajadora del hogar y asegura que, durante los diez meses que permaneció al servicio del cantante, fue sometida a presiones constantes para mantener relaciones sexuales con Iglesias y con otras mujeres.
Según su testimonio, cumplía extensas jornadas de trabajo que se extendían desde las primeras horas de la mañana hasta casi la medianoche. Sin embargo, afirma que sus obligaciones no terminaban ahí, ya que debía acudir casi todas las noches al dormitorio del artista, donde —según denuncia— fue víctima de prácticas sexuales no consentidas, pese a expresar su rechazo en reiteradas ocasiones.
Rebeca relata haber sufrido agresiones físicas, como bofetadas y mordiscos, además de humillaciones verbales. Entre los episodios narrados, menciona uno en el que asegura haber sido forzada a realizar actos sexuales durante varias horas bajo el argumento de que estos servían para aliviar dolores físicos del cantante.
La investigación señala que este tipo de comportamientos no eran hechos aislados. De acuerdo con los testimonios, las prácticas eran conocidas por parte del personal de las mansiones y contaban con la colaboración de algunas responsables de la gestión doméstica. Las mujeres sostienen que, desde el proceso de contratación, se buscaban empleadas jóvenes y solteras, a quienes se les exigían fotografías personales.
El salario ofrecido, que incluía alojamiento y alimentación, rondaba los 350 euros mensuales. Entre las tareas asignadas, las trabajadoras debían acompañar al artista a bañarse en el mar y, según denuncian, recibían comentarios frecuentes sobre su físico, así como solicitudes para desnudarse.
Las extrabajadoras también aseguran que tenían prohibido salir de las residencias, una restricción que no se aplicaba a los empleados hombres. La medida, explican, se justificaba por el temor del cantante a contagiarse de COVID-19, en un período en el que la pandemia aún generaba preocupación.
Según los relatos, las vejaciones verbales eran habituales y se producían incluso en presencia de otros trabajadores o invitados. El trato hacia las empleadas más jóvenes, afirman, era conocido por buena parte del personal, que superaba la quincena de personas.
Los medios que realizaron la investigación indican que intentaron obtener la versión de Julio Iglesias, su esposa Miranda Rijnsburger, su abogado y algunas de las personas encargadas de la administración de las residencias. No obstante, tras tres años de indagaciones, ninguno respondió a las solicitudes de información.
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