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jueves, septiembre 23, 2021

Expresidenta boliviana Jeanine Áñez desvió $1,2 millones de fondos petroleros

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La expresidenta de facto boliviana Jeanine Áñez desvió 1,2 millones de dólares de fondos petroleros bajo el pretexto de emplearlos en 2020 contra la COVID-19.

Durante una conferencia de prensa, la Dirección de Transparencia Corporativa de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) reveló el lunes una investigación que evidencia acciones irregulares en la petrolera estatal y sus subsidiarias con un daño económico de al menos 1,2 millones de dólares, durante la administración del gobierno de facto de Áñez.

La empresa estatal petrolera anunció que iniciará “las acciones legales correspondientes” contra todos los involucrados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

La investigación sobre las irregularidades apunta al exministro de facto de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, y al expresidente de YPFB, Hernán Soliz, quienes durante el interinato de Áñez habrían dado curso a una resolución ministerial irregular emitida en marzo de 2020 para destinar “de manera extraordinaria e inmediata” 1,8 millones de dólares en un programa de apoyo a la campaña contra el nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, de los que se tiene el dato que se ejecutaron 1,2 millones de dólares.

“Esta autoridad no tenía competencias para emitir esta resolución por lo que es ilegal”, precisó la directora de Transparencia de YPFB, Erika Chávez, en declaraciones a la prensa en La Paz, capital administrativa de Bolivia.

Chávez agregó que se evidenció el direccionamiento en la contratación de las empresas; “les decían a quién contratar o de quién adquirir el servicio y no hay descargos con relación al destino de los insumos médicos; es decir, que si bien se habría comprado insumos no se conoce si fueron entregados a la población, dónde se encuentran o si se los llevaron”.

A su vez, el presidente de YPFB, Wilson Zelaya, enfatizó que se ha ordenado a todas las empresas filiales y subsidiarias que realicen una auditoría interna para tener mayores detalles y responsabilidades.

Desde el 13 de marzo, Áñez se encuentra detenida, junto a varios de sus colaboradores, para responder por delitos de sedición, terrorismo y cargos vinculados con el golpe de Estado de 2019 contra el entonces presidente Evo Morales.

En 11 meses, el gobierno de facto de Áñez fue manchado con al menos 24 casos de corrupción e irregularidades denunciadas como la compra irregular de respiradores y gases lacrimógenos, venta de cargos, cobros ilegales, irregularidades en las estatales YPFB, Entel, Ende y la DGAC, entre otras.

A todas estas causas se suman las investigaciones sobre la represión policial y las masacres durante casi un año que Bolivia fue gobernada por un gobierno ilegítimo. Ante estos hechos, todavía dos ministros de su falso mandato han huido del país.

FuenteHispan TV
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