Las ejecuciones extrajudiciales son la privación deliberada de la vida por parte de agentes del Estado, sin un proceso judicial legal. Esto constituye una grave violación del derecho a la vida, el cual es un derecho humano fundamental protegido por el derecho internacional.
Es muy difícil determinar un número exacto de ejecuciones extrajudiciales en la República Dominicana. No existen estadísticas oficiales que las contabilicen, ya que a menudo se reportan como «muertes en intercambios de disparos» o «muertes por intervención policial». Que van en aumento en los años recientes.
Sin embargo, organizaciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la prensa local denuncian un patrón de violencia policial que lleva a estas muertes. Estas denuncias sugieren que las víctimas suelen ser jóvenes de sectores marginados y que los casos rara vez son investigados adecuadamente, lo que conduce a la impunidad.
Diversos informes de organismos de derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional, han documentado ejecuciones extrajudiciales en la República Dominicana en los últimos años, a menudo perpetradas por agentes de la Policía Nacional. Estos casos se presentan frecuentemente como «intercambios de disparos» y las víctimas suelen ser jóvenes de barrios empobrecidos. La impunidad y la falta de sanciones a los responsables son problemas persistentes.
Las ejecuciones extrajudiciales pueden causar la muerte de personas inocentes, ya que se llevan a cabo sin un debido proceso legal que garantice la presunción de inocencia, la recolección adecuada de pruebas o una investigación judicial imparcial. Al no existir un juicio, se eliminan los mecanismos de defensa y la posibilidad de demostrar la inocencia de la víctima, lo que genera una injusticia irreparable.
No existe una cifra oficial consolidada sobre las ejecuciones extrajudiciales en la República Dominicana. Los organismos de derechos humanos y la prensa registran casos, pero el Estado no ofrece estadísticas específicas, ya que estos actos se encubren a menudo como «intercambios de disparos» o «muertes por intervención policial».
Es importantes destacar que en República Dominicana no existe la pena de muerte, por lo cual es una violación de la Constitución, las leyes y el Derecho Fundamental a la vida.
La Policía Nacional tiene la capacidad de apresar a los violadores de las leyes, sean atracadores o sicarios y someterlos a la justicia para que ésta actúe como mandan las leyes dominicanas.
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