Se debe bajar el tiempo de salida de las pensiones en Hacienda, quitar burocracias innecesarias, que la comisión evaluadora se reúna más a menudo y con fechas fijas.
Que no haya necesidad de un decreto para las pensiones de reparto, ya que esos fondos están ahí de las cotizaciones de los afiliados. Pasan por muchos filtros y evaluaciones de requisitos.
La «comisión de evaluación de las pensiones de reparto» en la República Dominicana se refiere a la Comisión Interinstitucional Evaluadora de Traspasos.
Funciones principales:
- Conocer, evaluar y decidir sobre las solicitudes de traspaso de fondos de aquellos trabajadores que deseen retornar voluntariamente al sistema de reparto estatal. Esto se enmarca en la Resolución del CNSS Núm. 572-07 y sus normas complementarias.
- Evaluar los casos de afiliados al sistema de reparto estatal con aportes del sector privado para determinar si cumplen con los requisitos para obtener una pensión estatal administrada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP).
Miembros:
Esta comisión está integrada por representantes de las siguientes instituciones:
- Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA): Coordina la comisión y tiene voz y voto.
- Superintendencia de Pensiones (SIPEN): También con voz y voto.
- Miembros observadores: Aunque no se especifican en los documentos encontrados, la presencia de al menos uno de ellos es necesaria para el quórum de las sesiones.
Funcionamiento:
- La DIDA, como coordinadora, es responsable de convocar las sesiones, especificando lugar, hora, fecha y temas de agenda.
- Las sesiones son válidas si cuentan con la presencia de la DIDA, la SIPEN y al menos uno de los miembros observadores. Se espera un máximo de treinta minutos después de la hora fijada para conformar el quórum.
- La comisión verifica el cumplimiento de los requisitos para el traspaso y determina si procede o no.
Es importante destacar que también existe la División de Análisis de Solicitudes de Pensión dentro de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), la cual tiene como objetivo evaluar y calificar las solicitudes de pensión con cargo a los fondos administrados por la DGJP, así como los reajustes de pensión, garantizando la correcta aplicación de las leyes que rigen el sistema de reparto.
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La burocracia en las pensiones es una barrera para la justicia social. Si bien iniciativas como Burocracia Cero han sentado bases importantes, persisten desafíos estructurales, como la rigidez de comisiones y la dependencia de decretos. La solución requiere una transformación cultural y tecnológica del Estado, donde la digitalización sea un medio para garantizar derechos con equidad y eficiencia.