Santo Domingo.- El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, denunció que el informe de la Contraloría citado por el Ministerio Público y los querellantes nunca le fue notificado, lo que —según afirmó— constituye una vulneración de su derecho de defensa y del debido proceso.
Durante la audiencia de este viernes, Guerrero dejó constancia de que el documento de la Unidad Antifraude de la Contraloría General fue utilizado por más de cuatro años como base de diligencias procesales “a sus espaldas”.
“Ese informe jamás me fue notificado y, en consecuencia, se me negó la oportunidad de ejercer mi derecho de defensa, en abierta vulneración de lo dispuesto en la Ley 107-13”, expresó el exfuncionario.
Guerrero advirtió que el uso de dicho documento sin notificación previa “representa una grave violación” a los derechos fundamentales, y aseguró que cuando corresponda ejercer su defensa demostrará “de manera irrefutable” la transparencia con que desempeñó sus funciones públicas.
Defensa alega ocultamiento de pruebas
El equipo legal del exministro explicó que en la jornada de este viernes no presentarían argumentos de fondo, ya que el tribunal mantiene un calendario procesal establecido.
Precisaron que el objetivo fue dejar constancia formal de que la supuesta prueba —el informe de la Contraloría de 2021— nunca fue comunicado a la defensa, a pesar de su uso reiterado por parte de la acusación.
El abogado de Guerrero calificó este hecho como “una vulneración directa del derecho de defensa y del principio de contradicción”, pilares esenciales del debido proceso.
Cinco años de proceso
Los representantes del exministro recordaron que, desde el inicio del proceso en agosto de 2020, Guerrero ha mantenido una conducta intachable.
“Nunca ha faltado a una audiencia ni recurrido a manifestaciones públicas improcedentes. Ha contribuido más al avance del proceso que el propio Ministerio Público o los querellantes”, destacaron.
Asimismo, afirmaron que, en el momento oportuno, el exfuncionario responderá punto por punto a las imputaciones del Ministerio Público, al que acusaron de construir “una narrativa política y personal carente de sustento jurídico”.
“Su intervención de hoy se limita a dejar constancia de que una supuesta prueba permaneció oculta durante casi cuatro años”, concluyó la defensa.
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