Santo Domingo.– Las acciones judiciales contra la Cámara de Cuentas continúan en aumento, luego de que varios abogados denunciaran que un informe de auditoría del órgano fiscalizador contiene errores graves y vulnera derechos fundamentales. Los juristas califican el documento como una “barbaridad” jurídica, al considerar que fue divulgado sin contar con firmeza legal.
El abogado Braulio Castillo, representante de la familia Mota, explicó que el informe confunde nociones elementales del derecho inmobiliario. Según afirmó, la Cámara trató un título de propiedad como si fuera una sentencia judicial, lo que constituye un error de concepto. Castillo recordó que los títulos se expiden solo cuando las sentencias son definitivas, y señaló que la resolución AUD-2025-0043, base del documento, aún no tiene carácter firme.
En un acto de advertencia y puesta en mora notificado el pasado 27 de octubre, el jurista exigió copia del informe y solicitó su retiro inmediato del portal institucional hasta que sea revisado y corregido.
Por su parte, el abogado Carlos Mesa, representante de la sociedad El Algodonal, formuló una petición similar, señalando que el documento contiene irregularidades sustanciales que podrían generar perjuicios a sus clientes.
A estas denuncias se sumó el jurista Martín Mañón Lara, quien actúa en nombre de los propietarios de la parcela 613 del Distrito Catastral 32, donde se encuentra el Aeropuerto de Las Américas. Mañón aseguró que el informe “falta a la verdad”, pues los expedientes de sus representados fueron presentados correctamente y dentro de los plazos legales. Atribuyó la falta de transferencias a una “oposición administrativa ilegal” del Ministerio Público.
Los demandantes sostienen que la Cámara de Cuentas oficializó en septiembre de 2025 un informe elaborado desde mayo de 2024, sin notificarlo previamente a los afectados, como exige el artículo 138.2 de la Constitución y la Ley 107-13 sobre Procedimiento Administrativo.
De acuerdo con los abogados, estas violaciones al debido proceso invalidan el documento, que “carece de valor legal y probatorio”.
Las acciones están dirigidas contra la presidenta del órgano, Enma Polanco Melo, y los miembros Francisco Tamárez Florentino, Francisco Alberto Franco Soto, Grisela Gómez Santana y Ramón Méndez Acosta. Los demandantes advierten que, si las irregularidades no son subsanadas, procederán con demandas de responsabilidad patrimonial individual contra los integrantes del pleno.
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