La corrupción administrativa vuelve al centro del debate judicial en República Dominicana. Este lunes, el Ministerio Público solicitó al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional una condena de 20 años de prisión para Juan Alexis Medina Sánchez. Se le señala como el principal cabecilla de la red de corrupción desmantelada mediante la operación «Antipulpo».
Pero la condena no se queda solo en prisión. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) también pidió el decomiso completo de sus bienes, tanto muebles como inmuebles. Entre estos se incluyen empresas vinculadas directamente a Medina, que —según la acusación— fueron adquiridas con fondos extraídos de manera ilícita desde el Estado.
Millones saqueados al Estado dominicano
El expediente contra Medina detalla un entramado cuidadosamente diseñado. A través de contratos amañados, tráfico de influencias y empresas de carpeta, el imputado habría operado una red que desviaba recursos públicos. Según la Pepca, se valió de su cercanía con el poder político para asegurarse adjudicaciones multimillonarias en instituciones estatales clave.
El esquema habría funcionado con una estructura compleja de prestanombres, cómplices dentro del Gobierno y empresas creadas para simular servicios, todo con el fin de lucrarse a costa del Estado dominicano.
Los cargos presentados son numerosos y graves: estafa agravada contra el Estado, asociación de malhechores, uso de documentos falsos, soborno activo, lavado de activos agravado y financiamiento ilícito de campañas políticas, entre otros.
Este proceso representa uno de los casos más emblemáticos de corrupción administrativa en los últimos años en el país. La sociedad dominicana sigue atenta al desenlace judicial, mientras el Ministerio Público asegura que tiene pruebas sólidas para sustentar su acusación.
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