Santo Domingo. – En el marco del Día Mundial del Hábitat, varias comunidades urbanas de Santo Domingo y otras localidades se manifestaron frente al Palacio Nacional para exigir el cese de los desalojos forzosos en todo el país. La protesta fue acompañada por la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD).
Los sectores de La Mina en San Isidro, Rivera del Ozama, Nueva Jerusalén, Las Malvinas, Arroyo Lindo, El Carril de Haina, Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo y El Gran Valiente denunciaron que cientos de familias han sido desalojadas sin previo aviso ni reubicación, a pesar de residir por más de una década en terrenos donde el propio Estado ha instalado servicios básicos.
“Nos expulsaron de madrugada con uso de la fuerza, sin orden judicial ni alternativa de vivienda. Teníamos hasta veinte años en la zona”, expresó Esther Soriano, vocera de La Mina, desalojada en 2021.
En Arroyo Lindo, unas 250 familias vivieron una situación similar en 2022. “Llegaron a las cuatro de la mañana con grúas y militares a derrumbar nuestras casas”, relató Beatriz Ureña, representante del sector.
Por su parte, residentes de Nueva Jerusalén denunciaron que la Fuerza Aérea continúa destruyendo viviendas pese a existir una orden judicial que prohíbe nuevos desalojos. “Han derribado casas terminadas y en construcción, incluso con familias dentro”, señaló Mercedes de Jesús, vocera comunitaria.
Los sectores de Haina y La Caleta también reportan amenazas de expulsión desde 2023, mientras las autoridades no ofrecen respuestas claras sobre procesos de titulación o reubicación.
El coordinador de la Red Urbana Popular, Sócrates Peguero, recordó que “comunidades con servicios públicos e infraestructuras reconocidas no pueden ser clasificadas como invasoras”.
Las organizaciones sociales advirtieron que los desalojos forzosos agravan el déficit habitacional y vulneran derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. Exigieron indemnización para las familias afectadas, participación comunitaria en los proyectos urbanos y la continuación del Plan Nacional de Titulación en terrenos estatales ocupados pacíficamente.
“Los procesos de recuperación urbana deben realizarse con diálogo y concertación, no con destrucción ni violencia”, concluyeron las entidades.
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