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Caso Stephora vuelve a encender dudas sobre manejo del Colegio Da Vinci

El caso Stephora volvió al centro de la conversación pública tras nuevas declaraciones de la abogada María del Pilar, representante de una de las empleadas involucradas. La jurista afirmó que el silencio del Colegio Leonardo Da Vinci, mantenido por semanas, “terminó jugando en su contra” en medio de la presión social por respuestas.

Revelaciones sobre el video y las versiones difundidas

Del Pilar aseguró que varios aspectos del video del incidente fueron “profundamente tergiversados”. Negó que la niña de 11 años estuviera gritando mientras se ahogaba o que algún otro menor la hundiera. Según explicó, las imágenes muestran a varios niños jugando en la piscina y a Stephora moviéndose desde la parte menos honda hacia una zona de mayor profundidad.

Indicó que la menor no estaba acompañada ni interactuaba con otros niños al momento del hecho. “Ella entra sola a la parte profunda y lucha para salir. No hay nadie alrededor”, expresó. También señaló que, al hundirse, Stephora no volvió a la superficie y que fueron otros menores quienes notaron la situación minutos después e intentaron auxiliarla.

La jurista reconoció que una de las profesoras asignadas al cuidado de los estudiantes pasó junto a la piscina sin advertir lo ocurrido.

Silencio prolongado y familiares sin respuestas

Tras la muerte de Stephora el 14 de noviembre, surgieron múltiples versiones mientras el centro educativo se mantenía en silencio, a la espera del informe del Inacif. El documento, emitido 25 días después, confirmó que la causa fue asfixia mecánica por ahogamiento.

Durante la audiencia de medida de coerción, la madre de la menor expresó, a través de un traductor, que no guardaba resentimiento contra las cuatro profesoras implicadas. Dijo que solo buscaba entender qué ocurrió en los últimos minutos de vida de su hija.

Decisión judicial y nueva polémica

La jueza Yerixa Cabral impuso medidas de coerción a tres de las cuatro empleadas imputadas: presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica de 500 mil pesos. La cuarta imputada, Gisela González, representada por Del Pilar, obtuvo libertad pura y simple al no demostrarse vínculo alguno con el hecho.

El Ministerio Público anunció que apelará la decisión por considerar que las medidas no corresponden a la gravedad del caso.

De su lado, el abogado de la familia, Migue Díaz, criticó que directivos del centro educativo no fueran incluidos en el expediente y afirmó que estos también deben responder ante la justicia.

El caso Stephora continúa generando cuestionamientos, especialmente sobre la supervisión escolar, el manejo de la crisis y el silencio institucional que marcó las primeras semanas del proceso.


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