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Altagracia Salazar cuestiona medidas de Abinader sobre migración ilegal haitiana

La periodista Altagracia Salazar ha puesto en tela de juicio las 15 medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para enfrentar la migración ilegal haitiana, sugiriendo que se trata más de una operación de imagen que de un plan efectivo para resolver la crisis.

El mandatario dominicano sorprendió con una alocución nacional en la que presentó su estrategia migratoria. Sin embargo, para Salazar, la intención principal no parece ser detener el flujo de inmigrantes indocumentados, sino calmar la presión de los grupos ultranacionalistas, que han comenzado a manifestarse con fuerza en zonas como Friusa y tienen nuevas convocatorias para fin de mes.

Un paquete con sabor a propaganda

Las medidas de Abinader se agrupan en tres tipos: concretas, retóricas y mediáticas. Entre las concretas se encuentran la ampliación del muro fronterizo y el aumento del patrullaje militar. Las retóricas incluyen la creación de un observatorio fronterizo y una propuesta de reforma legal para endurecer sanciones contra quienes faciliten la migración ilegal haitiana. Aquí aparece Milton Ray Guevara como figura clave, un personaje con antecedentes polémicos en temas migratorios.

Salazar ironiza sobre su inclusión, recordando que Ray Guevara fue parte del último contrato estatal para importar braceros y también protagonista de la sentencia 168-13. Además, se pregunta si este nuevo rol incluye renunciar a su pensión privilegiada de más de 700 mil pesos.

Finalmente, las medidas de tipo mediático, como la «dominicanización del empleo» y el impulso a la mecanización agrícola, son vistas como intentos de desviar la atención sin atacar el verdadero problema.

La medida que falta

Para Salazar, la gran omisión del gobierno es la más importante: sancionar a los empresarios que contratan mano de obra haitiana indocumentada, ya sea directa o indirectamente. “Todo el mundo sabe que el maco no es peje”, dijo, refiriéndose a la práctica extendida en el país de usar intermediarios para reclutar trabajadores y evadir así responsabilidades laborales y fiscales.

En el fondo, afirma, el gobierno prefiere mantener el negocio migratorio y el show mediático antes que enfrentar los intereses económicos de grandes empresarios. Penalizar efectivamente a quienes contratan sin documentos sería la verdadera “medida 16”, pero, al parecer, ningún presidente se atreve a dar ese paso.

Mientras tanto, la frontera sigue igual y la crisis también.


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